Neuquén: 19 años de la desaparición forzada de Sergio Avalos y una larga lucha contra el poder

Policiales 22 de junio de 2022 Por Ultimo Momento Noticias
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El 14 de junio se cumplieron 19 años de la desaparición forzada del joven neuquino Sergio Daniel Avalos. La última vez que se lo vio a Sergio con vida fue en el Boliche El Fuerte-Las Palmas. El lugar era custodiado por personal del Ejército argentino, ex militares pinochetistas y miembros de la policía provincial. Desde el primer momento la causa estuvo a cargo de la fiscal provincial Sandra González Taboada. Las irregularidades en la investigación garantizaron el encubrimiento y la impunidad. La desaparición de Sergio Daniel Ávalos y la Impunidad de estos 19 años, nos permite entender que es el Estado, a través de sus fuerzas represivas y de seguridad, el único capaz de desaparecer a una persona, suprimiendo sus rastros, silenciando testigos, borrando cámaras de seguridad, fraguando investigaciones judiciales, ignorando los reclamos de justicia y consolidando la garantía de impunidad a los responsables. Por Familia Avalos y ACTIVAR.

La desaparición forzada de Sergio Avalos deja en evidencia dos cuestiones insoslayables: la absoluta responsabilidad del Estado y la lucha inclaudicable de la familia contra la impunidad. Es el Estado, a través de sus fuerzas represivas y de seguridad, el único capaz de desaparecer a una persona. No existe desaparición forzada sin aquiescencia de los Poderes del Estado. Es la lucha inclaudicable de la familia, junto al movimiento estudiantil de la UNCo, organizaciones sociales, de DD.HH., sindicales, la que ha permitido que el caso no quede en el olvido. Lo que ha empujado a que gran parte de la sociedad neuquina no solo recuerde el caso sino que sigue acompañando el pedido de verdad, justicia y aparición con vida de Sergio.

 

Con un breve recorrido de estos 19 años de lucha podemos dar cuenta quien organiza y garantiza impunidad. A principios de 2003 Sergio dejaba su pueblo natal del interior neuquino, Picún Leufú, para comenzar sus estudios de Contador en la Facultad de Economía y Administración de la UNCo, y se albergaría en las residencias universitarias del Barrio Santa Genoveva. Para el 13 de junio ya había coordinado con su familia viajar el fin de semana a Picún, ya que se avecinaba el Día del Padre y el cumpleaños de su hermana Mercedes.

En la noche del viernes 13 de junio se juntó con algunos compañeros de la residencia para dirigirse al local bailable, ingresando a El Fuerte – Las Palmas a las 3 am. La última vez que lo vieron en el interior del boliche fue a las 7 am y desde aquel momento la familia sólo tropezó con obstáculos que los poderes del Estado provincial se encargaron de instrumentar. La seguridad del local bailable estaba a cargo de personal del ejército argentino, policía provincial y ex militares pinochetistas. A pesar de que la legislación prohíbe que miembros del ejército realicen este tipo de trabajos y «adicionales», ni el Municipio, ni el poder judicial que intervino en la investigación lo denunció. Debió ser la actual querella quien lo denunciara en la causa judicial y públicamente.

Ha sido evidente que, desde las primeras horas de la desaparición de Sergio, diferentes instituciones del Estado neuquino no dudaron en confluir en el encubrimiento y allanar el camino a los responsables. La fiscal de la causa durante diez años emprendió esa tarea y aplicó cada una de las recetas para intentar perpetuar la impunidad. El poder ejecutivo, responsable máximo de las fuerzas policiales, no dudó en ser parte para acallar y encubrir. Las autoridades de la UNCo – en aquel momento ligadas al MPN – hicieron lo imposible para que la comunidad universitaria no se involucre en la causa judicial. Y el poder judicial federal – Juzgado Federal N° 2 de Neuquén y la Cámara Federal de Gral Roca – intentaron que la desaparición de Sergio fuera considerada un delito común y no de lesa humanidad.

Rol del poder judicial de Neuquén: la fiscal Sandra González Taboada debe ser enjuiciada. La lucha por la aparición de Sergio, por verdad y justicia también ha sido enmarcada en las denuncias, con pruebas en mano, a quienes han sido artífices de la impunidad. Una de las mayores responsables es la Fiscal que durante 10 años trabajó para no dejar rastros de autores de este crimen. Una Fiscal que no tomó en cuenta ni a testigos claves, ni a las pruebas que se brindaron durante los primeros años. Tampoco investigó las amenazas a quienes de una u otra manera intentaban sacar a la luz los hechos y exigían esclarecer la desaparición de Sergio. Una causa que lejos de investigar a las fuerzas policiales que oficiaban de seguridad en el boliche la puso a «investigar». Las diligencias y testimoniales solo en sede policial, una paradoja no casual, ya que es esa fuerza policial la que está sospechada. Una causa que demuestra el grado de encubrimiento del poder judicial con el poder político, con las fuerzas represivas y amigos del poder. DURANTE 10 AÑOS LA FISCAL TABOADA NO DENUNCIÓ QUE PARTIPARON MIEMBROS DEL EJERCITO HACIENDO «ADICIONALES» EN EL BOLICHE. Ese elemento fáctico por sí mismo y de gravedad institucional jamás fue denunciado por la funcionaria judicial: ¡¡ESTA PROHIBIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE QUE MIEMBROS DEL EJÉRCITO REALICEN ESAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA!!!La familia de Sergio y organizaciones sociales han solicitado, con pruebas en mano, el Jury de enjuiciamiento de la Fiscal, pero el poder político de Neuquén y la Comisión Especial de Enjuiciamiento – integrada por representante de la Legislatura, del Tribunal Superior de Justicia y del Colegio de Abogados- cerraron filas y rechazaron el pedido sin investigación alguna.

En 2014, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que el crimen de Sergio es una Desaparición Forzada de Persona, y que es de Lesa Humanidad, por existir aquiescencia del Estado. En aquel dictamen realizaba una síntesis de las irregularidades en la investigación que a continuación se detallan:- La seguridad del local bailable estaba integrada por personal policial, miembros del ejército y ex militares pinochetistas, todos ellos interconectados a través de un mecanismo de comunicación portátil. Además, el establecimiento estaba provisto de un sistema de vigilancia compuesto por varias video filmadoras. Sin embargo, las cámaras de seguridad estuvieron apagadas gran parte de aquella noche y los propios cassettes no fueron remitidos oportunamente a la justicia.- El personal policial y militar que trabajó en esa fecha manifestó que no hubo disturbios durante esa noche en el local, declaraciones que se contradicen con las ofrecidas por otros testigos de la causa. Por ejemplo, uno de ellos denunció que esa misma noche fue privado ilegítimamente de la libertad, encerrado, arrojado al suelo y torturado, con un producto arrojado a sus ojos que le produjo ardor e irritación. Otros declararon saber por terceros que «agarraron a un chico que estaba por salir y se lo llevaron adentro» que tendría las características físicas de Ávalos, que «… a Sergio lo golpearon por haber visto o escuchado algo y se les fue la mano al personal de seguridad» (testimoniales en el propio expte). – Otra testimonial da cuenta de que personal de seguridad del lugar habría golpeado salvajemente a una persona en el baño, el mismo día y aproximadamente a la misma hora en que Sergio Ávalos fue visto por última vez. – A su vez, también existe una declaración testimonial de una persona que expresa que se encontró con alguien que habría visto a Ávalos muy lastimado y cautivo por personas pertenecientes a la fuerza. No obstante, al ser contactado el testigo directo, fue imputado por el hecho. – A la vez, un empleado del local bailable habría sido enviado a limpiar restos de sangre en la oficina de seguridad. – Por otra parte, se tomó conocimiento de la existencia de una llamada efectuada desde la ciudad de Necochea al Hospital Regional de la ciudad de Neuquén que habría dado cuenta de que Ávalos habría sido golpeado por personal de seguridad del local bailable y subido a un vehículo. Los funcionarios del poder judicial, al ir a buscar el libro de guardia a la Comisaría N° 1 de Neuquén, advirtieron que a éste le faltaban varias fojas, entre ellas aquella en la que se asentó tal comunicación.

Sin embargo, pese a todas estas evidencias, después de diez años la investigación dirigida por la fiscal seguía caratulada como «averiguación de paradero».»Cabe destacar que la investigación en fuero provincial fue llevada adelante por la misma fuerza policial provincial que actuaba como responsable de seguridad en el local bailable del que desapareció Ávalos. En el expediente no obraban los antecedentes de los agentes estatales ni del personal de seguridad, ni sus legajos. Las declaraciones de éstos fueron tomadas por la policía provincial, es decir, por sus pares. Por otra parte, la hipótesis desarrollada como línea de investigación se centró en determinar supuestas responsabilidades en el entorno de la víctima y, en cambio, omitió ahondar en la participación de la policía provincial y/ o del ejército. Asimismo, se han detectado serias irregularidades de procedimiento en el sub examine como, por ejemplo, la evidente falta de foliaturas, anexos y fojas.», expresaba la Procuradora General de la Nación a fines del 2014, avalada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia. Si la causa no pasaba a fuero federal y no se reconocía la desaparición forzada de Sergio, la causa hubiera prescripto. La familia, estudiantes de la Univeersidad Nacional del Comahue y organizaciones sociales fueron los únicos que lucharon por este cambio de carátula.

¿Y la Justicia Federal? Tanto el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, como la Cámara Federal de Roca rechazaron la competencia en la causa. La familia y organizaciones sociales que han acompañado desde un primer momento se exigía el cambio de calificación legal (cambio de carátula) a la figura de «Desaparición Forzada de Persona» tipificada en el Art. 142 ter del Código Penal, por entender que Sergio Avalos había sido víctima de violencia institucional y que en su desaparición estaba involucrado el Estado en los términos descriptos por la norma. El representante legal de la familia realizó el planteo formal de cambio de calificación legal, mediante una presentación escrita, la que luego debió formalizarse en una audiencia oral y pública ante el Colegio de Jueces que mediante Resolución de fecha 21/02/14, HACE LUGAR al pedido de cambio de calificación legal solicitado por la Querella, reconoce la «Aquiescencia del Estado» en la desaparición de Sergio Avalos y enmarca la presente investigación en el delito de desaparición forzada de personas tipificada en el Art. 142 ter del Código Penal, consecuentemente, declina su competencia y remite las actuaciones a la Justicia Federal. Así la causa Avalos ingresa a la Justicia Federal enmarcada en la figura de «Desaparición Forzada» y comienza a tramitar bajo la carátula: «N.N. s/ Privación Ilegal de la Libertad Agravada (Art. 142, inc. 3°) Exp. N° FGR 2155». Sin embargo, el Juez Federal, mediante fallo de fecha 21/04/14 RECHAZA la atribución de competencia efectuada por el Juez provincial y señala que debería tratarse de un delito de lesa humanidad, concluyendo que en este caso no lo era. Contra esta Resolución la Querella interpuso Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (Cámara Federal de Apelaciones de Gral Roca). El 18 de Junio del 2014, en consonancia para perpetuar la impunidad la Cámara Federal de Gral. Roca RECHAZA el recurso de apelación y confirma la Sentencia del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén. Es por esta razón, y en un marco de largas y reiteradas jornadas de lucha y denuncia pública de la familia y organizaciones sociales se llegó a la Corte Suprema de Justicia quien por unanimidad avala el cambio de carátula reconociendo la «Aquiescencia del Estado» en la desaparición de Sergio Avalos y las graves irregularidades en la investigación.

Las autoridades de la Universidad siempre han intentado que la causa quede en el olvido.NO es menor recordar que la Rectora de la UNCo cuando desaparecieron a Sergio era Ana Pechén, quien años después fuera Vice Gobernadora de la provincia. Desde un primer momento la Rectora y funcionarios de la gestión universitaria intentaron que la comunidad educativa no se involucrara en la lucha por la aparición de Sergio y el juicio y condena a los responsables. Durante el 2003 y 2004 el movimiento estudiantil exigió que se presentara como querellante en la causa ante la evidencia de impunidad que garantizaba la Fiscal Gonzalez Taboada. Sin embargo, las autoridades se negaron sistemáticamente. Se logró por aquellos años, después de reiteradas negativas, que se presentara como AMICUS CURIAE, a los fines de poder intervenir en la causa judicial. Sin embargo, la gestión demoró dos años en instrumentar la resolución votada por el Consejo Superior. Los siguientes rectores y gestiones no fueron diferentes y las acciones para exigir Justicia fueron a cuenta gotas y por presión de los/as estudiantes y familias.

Este 14 de junio las autoridades de la UNCo boicotearon las acciones de lucha. Este año sin sonrojarse han convocado a elecciones para Rector el mismo 14 de junio, día que la comunidad educativa marchó históricamente y año tras año por justicia en la Causa Avalos. Las marchas solo fueron interrumpidas por la pandemia del 2020 y 2021. Cada 14 de junio se lograba declarar asueto académico y administrativo desde las 18 hs. para posibilitar que la comunidad educativa marche por Sergio. Este año, y a sabiendas que en 2020 y 2021 por el ASPO y pandemia no pudo llevarse adelante la marcha, aprovechan para intentar dar un nuevo golpe a favor del olvido y la impunidad.

Seguimos poniendo nombre y apellido a los garantes de la impunidad. Denunciamos: A JORGE OMAR SOBISCH: ex Gobernador de la Provincia. Principal responsable de la desaparición de Sergio. Por su inacción y encubrimiento de las fuerzas represivas y empresarios «amigos». También a los voceros del ejecutivo al momento de la desaparición, el Jefe de Gabinete José Brillo y la Secretaria de Seguridad Alicia Comelli, quienes fueron premiados con un puesto legislativo en el Congreso Nacional. A JORGE SAPAG: ex Vicegobernador y Presidente de la Legislatura al momento de la desaparición de Sergio, actual Gobernador, quién además de avalar y encubrir en todo momento a Jorge Omar Sobisch, continuó el mismo manto de impunidad. A OMAR GUTIERREZ: Actual Gobernador que no ha mostrado interés alguno, ni políticas de Estado para en esclarecer el hecho, continuando los mandatos encubridores de sus antecesores.

Los desaparecidos/as de ayer y de hoy. Cuando en Argentina hablamos sobre la desaparición de personas inmediatamente nos remitimos a los/as 30.000 compañeros/as desaparecidos/as que dejó como saldo la última dictadura genocida. Sin embargo, la continuidad del aparato represivo nos obliga a la tarea de exigir también la aparición con vida de los/as desaparecidos/as en democracia. La desaparición de Sergio Daniel Ávalos y la Impunidad de estos 19 años, nos permite entender que es el Estado, a través de sus fuerzas represivas y de seguridad, el único capaz de desaparecer a una persona. Suprimiendo sus rastros, silenciando testigos, borrando cámaras de seguridad, fraguando investigaciones judiciales, ignorando los reclamos de justicia y consolidando la garantía de impunidad a los responsables.

Hoy, a 19 años de la desaparición de Sergio, ha quedado demostrado que falta un largo camino de lucha para desmantelar el aparato represivo del Estado, que sigue al servicio del sistema que permite que tanto Ávalos, Marita Verón, Jorge Julio López, Daniel Solano y Florencia Penachi, Facundo Rivera Alegre, Iván Torres entre otros/as, estén desaparecidos en DEMOCRACIA, o hayan sido desaparecidos y asesinados como Luciano arruga, Santiago Maldonado.

A 19 años de la desaparición de Sergio seguimos exigiendo: ¡ APARICIÓN CON VIDA YA! IMPUTACIONES YA DE LOS RESPONSABLES DE SU DESAPARICIÓN!! JUICIO Y CONDENA A LOS RESPONSABLES!!

Familia Avalos y Activar – Junio 2022

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